El presupuesto federal y la pobreza

No se puede balancear el presupuesto cargándolo sobre las espaldas de las personas en situación de pobreza

La nación necesita reducir sustancialmente sus déficits futuros, pero no a expensas de las personas hambrientas y pobres. Los programas destinados a apoyar a las personas en situación de pobreza pueden hacerse más eficaces, pero no mediante una reducción de beneficios que perjudique a las familias más desfavorecidas.

El presupuesto federal es un documento moral que refleja nuestras prioridades como sociedad.

En el presupuesto se incluyen dos tipos de gasto: el gasto discrecional y el gasto obligatorio (o por derecho). El gasto discrecional está sujeto a un proceso de asignaciones anuales en el cual el Congreso establece el nivel de gasto para programas. Estos programas incluyen educación, diversos programas de servicios sociales, vivienda, protección del medio ambiente y defensa, y equivale aproximadamente a un tercio de todo el gasto federal.

Dentro del gasto obligatorio, que abarca aproximadamente dos tercios del presupuesto federal, se incluyen planes de ayuda social tales como el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (cupones para alimentos), Seguro Social, Medicare, Medicaid y créditos fiscales para personas de bajos ingresos. Estos gastos no son parte del proceso de asignación de presupuestos o, dicho en forma simple: si alguien cumple con los requisitos, eso basta para recibir el beneficio. No obstante, el Congreso puede controlar este gasto limitando los requisitos de elegibilidad o las normas que regulan el gasto.

Un presupuesto cumple con las exigencias de la justicia y las obligaciones morales con las generaciones futuras cuando protege la vida y la dignidad de las personas pobres y vulnerables. Cada decisión sobre el presupuesto debe ser evaluada tomando en cuenta los siguientes puntos:

• Si protege o amenaza la vida y la dignidad humanas.
• Las necesidades de las personas hambrientas y sin hogar. Los desempleados o las personas en situación de pobreza deben tener prioridad.
• Las instituciones gubernamentales y otras afines comparten la responsabilidad de promover el bien común de todos, especialmente de los trabajadores y sus familias, quienes luchan por vivir con dignidad en tiempos económicos difíciles.
• La otra cara de la reducción del déficit comprende lo que aporta el gobierno. Estos tiempos de crisis económica exigen un sacrificio compartido por todos. Aquí se incluyen la recaudación de ingresos adecuados, la eliminación de gastos militares y otros extras que sean innecesarios y el tratamiento equitativo de los costos a largo plazo de los seguros de salud y los programas de jubilación.

Crédito tributario por hijo

El crédito tributario por hijo (CTC, en inglés) es un crédito a favor del empleo y la familia, y constituye uno de los programas contra la pobreza más eficaces del gobierno federal. En 2016, 2.7 millones de personas, incluidos 1.5 millones de niños, se mantuvieron fuera del umbral de la pobreza gracias al crédito tributario por hijo, que es apoyado desde hace tiempo por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y la CCHD.

El CTC está dirigido a hijos de familias trabajadoras a fin de asegurarles una vida digna. La ley actual exige tener un número de seguro social para el niño, pero un padre o una madre puede solicitarlo usando un número de identificación de contribuyente (ITIN, en inglés).

Las propuestas que exigen un número de seguro social para el contribuyente dejarían fuera a uno de los segmentos de la población más vulnerables: los hijos de las familias de trabajadores pobres e inmigrantes. Excluirlos del CTC es injusto. Los hijos de trabajadores inmigrantes, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, no causaron el déficit y no deberían ser obligados a pagar por ello.